Umaima, una joven de 26 años residente en Pinto, se encuentra en una situación desesperada. Hace cuatro años, con tan solo 22, decidió sacar a sus sobrinas de un centro de acogida para hacerse cargo de ellas. Zulema, de 9 años, sufre de hiperactividad, mientras que Nor, de 10 años, tiene una discapacidad del 87%.
Sin embargo, ahora Umaima se enfrenta a la posibilidad de perder a las niñas. Su casera les comunicó con más de dos años de antelación que necesitará el piso que habitan. A pesar de contar con ingresos que superan los 3.000 euros mensuales y tener contratos indefinidos, las inmobiliarias se niegan a alquilarles una nueva vivienda. Las ayudas que recibe por acoger a sus sobrinas no son tenidas en cuenta por las inmobiliarias ni los seguros de impago, ya que no son embargables.
La familia ha solicitado vivienda social y cuenta con el apoyo del ayuntamiento, pero el tiempo corre en su contra. El 31 de enero, Umaima y las niñas tendrán que abandonar su hogar. Umaima se rehúsa a convertirse en una okupa por temor a perder la custodia de las niñas. La nueva vivienda que buscan debe contar con un ascensor para la silla de ruedas de Nor y, si es posible, un plato de ducha accesible.
Esta historia refleja la lucha de una joven valiente que, a pesar de los obstáculos, se esfuerza por mantener unidas a su familia y garantizar el bienestar de sus sobrinas. Una situación desgarradora que pone de manifiesto la importancia de contar con políticas de vivienda más flexibles y adaptadas a las necesidades de las personas en situaciones vulnerables.
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