La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, argumentando que esta ley podría facilitar la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el PSOE.
Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, esta normativa sustituiría la escritura pública ante notario por un documento privado electrónico, lo que podría comprometer la labor de las notarías en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude.
Además, se critica que la ley aumentaría las cargas burocráticas para empresas y administraciones, y se cuestiona la creación de una agencia independiente de integridad pública, sugiriendo que podría convertirse en un apéndice del Gobierno.
García Martín ha enfatizado que en un contexto de corrupción generalizada, las acciones del Gobierno no son casuales, y ha señalado que en la visión de país de Sánchez, sobran todos los controles.
Estas críticas se suman a la preocupación expresada por Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones, quien ha afirmado que Sánchez hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder.
En resumen, la Comunidad de Madrid rechaza el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública por considerar que podría favorecer la corrupción y debilitar los mecanismos de control establecidos.
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