La Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros adicionales al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región, según lo establecido en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).
Esta medida fue anunciada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, durante un encuentro informativo donde se abordaron los aspectos más destacados del inicio del curso 2025/26 y la actualidad educativa. Viciana destacó que el objetivo es lograr el máximo consenso posible con esta ley, por lo que se están teniendo en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa, especialmente de los rectores de las universidades públicas.
El último borrador de la Lesuc incorpora las peticiones y sugerencias de los equipos directivos de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, así como de otros actores de la comunidad universitaria. Se detalla que la financiación por objetivos, junto con la financiación básica para el funcionamiento normal de los centros y para cubrir necesidades específicas, conformarán el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, en el cual se continúa trabajando en el importe total.
Además, se establece que los 10 millones de euros anuales adicionales destinados a la financiación por objetivos podrán ser distribuidos entre las seis instituciones cuando demuestren ciertos logros relacionados con su actividad académica e investigadora. La lista de objetivos se simplificará y se permitirá a cada centro establecer los que mejor se adapten a sus características, con la posibilidad de añadir nuevas opciones cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno.
En cuanto a la elección de gerentes, se establece que será el rector, en conjunto con el Consejo Social, quien elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurso. Además, se redefine el papel del Distrito Único de Prácticas, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar sus prácticas necesarias para titularse.
La normativa también establece un importe máximo de 300.000 euros de sanción para infracciones muy graves en el ámbito universitario, excluyendo aquellas que no estén relacionadas con los requisitos para el funcionamiento normal de los campus. El proceso de aprobación de la nueva ley seguirá su curso, con el siguiente paso de someter el texto, ya convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y posterior envío a la Asamblea de Madrid para su discusión y aprobación por los grupos políticos con representación en la Cámara madrileña.
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