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El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que tomará medidas legales contra los actos violentos ocurridos durante la penúltima etapa de La Vuelta, con el objetivo de evitar que se repitan y que los responsables sean sancionados. Estos hechos tuvieron lugar durante la etapa entre Robledo de Chavela y la cima de La Bola del Mundo, en el puerto de Navacerrada.
Un grupo de manifestantes interrumpió la carrera, obligando a detener la caravana de vehículos y a los corredores a esquivar el bloqueo en la vía. Esta acción, llevada a cabo por cerca de un centenar de personas, puso en riesgo la seguridad de los participantes y aficionados. La situación se complicó aún más en la segunda subida por el puerto de Navacerrada, cuando los corredores se vieron obligados a sortear a los manifestantes entre los vehículos de la organización.
Además, en Cercedilla, una concentración de manifestantes propalestinos, entre los que se encontraban figuras políticas como Ione Belarra e Irene Montero, provocó un desvío en la ruta de La Vuelta. Esta situación obligó a los corredores a evitar pasar por la localidad, alterando el desarrollo normal de la competición.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha instado al Gobierno a condenar y prevenir este tipo de protestas en La Vuelta. Feijoo expresó su desaprobación ante lo ocurrido, calificando la situación de triste y bochornosa, y señalando la importancia de denunciar y evitar estos actos en lugar de alentarlos.
Estos incidentes han generado preocupación en el ámbito deportivo y político, destacando la necesidad de garantizar la seguridad y el desarrollo adecuado de eventos como La Vuelta, sin que se vean afectados por manifestaciones violentas o disruptivas. La Comunidad de Madrid ha dejado claro su compromiso con la protección de los participantes y el buen desarrollo de la competición, tomando medidas legales para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
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