El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado la solicitud de prórroga de los contratos de arrendamiento de veintiocho familias que residen en viviendas públicas en barrios como Argüelles, Pacífico, Lavapiés y Ventas. Esta medida, aprobada en el Real Decreto 8/2026, ha generado sorpresa e incredulidad en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que denuncia la falta de reuniones por parte de los responsables ministeriales para ofrecer explicaciones sobre la venta de las viviendas o posibles desahucios.
La Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de los inmuebles, argumenta que los contratos originales firmados en enero de 2012 han llegado a su fin, y que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 no es aplicable en este caso, ya que el vínculo inicial finalizó en enero de 2017. A pesar de esto, la permanencia de los residentes en las viviendas durante años sin requerimiento de desalojo ha creado una situación de «tácita reconducción», según lo establecido en el Código Civil.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid considera que esta actuación va en contra de la Ley de Vivienda, que obliga a las administraciones públicas a mantener e incluso aumentar el parque público de viviendas. Asimismo, se señala una presunta «operación de privatización» de edificios en zonas céntricas de la capital, junto con la crítica a la política de la Tesorería General de mantener cientos de viviendas vacías en todo el país y a la amenaza de desahucio a familias que han residido en estos inmuebles durante dos décadas.
Ante esta situación, se anuncia una batalla legal por parte de las familias afectadas en la vía contencioso-administrativa para lograr la incorporación de las viviendas al parque público de alquiler permanente. Se reclama además una negociación colectiva inmediata para garantizar una solución habitacional digna para todas las personas que enfrentan demandas de desahucio.
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