«Nuestra Carta Magna reconoce la libertad de enseñanza, que incluye la libertad de creación de centros docentes, la libertad de cátedra y el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral para sus hijos», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este sentido, en el año 2022 se impulsó la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, lo que ha permitido que más del 95% de las familias madrileñas obtengan plaza en el centro educativo que eligen como primera opción.
En línea con esta defensa del modelo educativo, el Gobierno regional está trabajando en la modificación del Decreto que regula los conciertos educativos con centros privados, extendiendo la duración de estos acuerdos a 14 años en lugar de los actuales diez. Esta medida se alinea con la implantación completa de la reducción de ratios en las aulas, beneficiando a 350.000 alumnos en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos.
Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha firmado un acuerdo con patronales y sindicatos para financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada a partir del curso 2026/27. Esta iniciativa permitirá que maestros y profesores puedan reducir su jornada lectiva de 25 a siete horas semanales durante los dos años previos a su jubilación, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social, beneficiando a alrededor de medio millar de profesionales.
En cuanto a infraestructuras educativas públicas, se han destinado 32 millones para dotar al nuevo barrio de Valdebebas de las instalaciones necesarias. Entre las inversiones destacan la construcción de la Escuela Infantil Mudarra, los colegios Nuria Espert y Alfredo Di Stéfano, este último ofreciendo también educación secundaria. Las obras del instituto público en la zona ya están en marcha, con el objetivo de aportar mil nuevas plazas públicas de secundaria y bachillerato.
En definitiva, estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid en fortalecer el sistema educativo, garantizando la libertad de elección, la calidad de la enseñanza y la mejora de las infraestructuras para ofrecer una educación de calidad a los ciudadanos.
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