La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la nueva Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública, con el objetivo de impulsar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos cuatro años. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid después de su aprobación en la Asamblea regional, introduce cambios urbanísticos y administrativos destinados a aumentar la oferta residencial asequible, agilizar los proyectos y aprovechar suelo ya planificado.
Una de las principales novedades de esta ley es la posibilidad de incrementar hasta un 30% la densidad residencial y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Además, se permitirá aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales para materializar estos incrementos, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico. Los ayuntamientos tendrán la facultad de autorizar estas medidas de forma excepcional durante un periodo de dos años para solicitar licencias y tres años para ejecutar las obras.
La normativa también amplía las opciones para destinar más espacios a vivienda protegida, permitiendo la construcción de viviendas en suelos dotacionales de titularidad privada y terrenos destinados a hospedaje. Asimismo, se extiende durante dos años más la medida que permite transformar edificios de oficinas en viviendas residenciales, con el objetivo de incrementar la oferta habitacional en áreas urbanas consolidadas.
Otro cambio relevante afecta a los requisitos de estacionamiento, reduciendo la obligación actual de disponer de una plaza y media de aparcamiento por vivienda y limitándola a una única plaza por piso. Esta medida busca facilitar la viabilidad económica de los proyectos residenciales protegidos, respondiendo al incremento de los costes de construcción.
La nueva ley incorpora el silencio administrativo positivo en determinados procedimientos urbanísticos, permitiendo que si los informes sectoriales preceptivos no se emiten en un plazo de tres meses, los expedientes puedan continuar su tramitación automáticamente. Además, se elimina la necesidad de presentar algunos informes en las fases iniciales de los procedimientos, aunque seguirán siendo obligatorios antes de la aprobación definitiva de los proyectos.
Entre las novedades también se encuentra una habilitación para que los ayuntamientos puedan autorizar, de manera temporal y sin modificar el planeamiento urbanístico, alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes situadas en entornos urbanos consolidados. Esta medida busca atender necesidades vinculadas a la movilidad laboral, aprovechar suelos infrautilizados y liberar viviendas actualmente ocupadas por usos temporales.
En resumen, con esta nueva ley, el Gobierno regional busca acelerar la construcción de vivienda protegida mediante la reducción de trámites administrativos, la flexibilización de normas urbanísticas y el aprovechamiento de suelo ya disponible. Se espera que este marco normativo contribuya a aliviar la presión sobre el mercado residencial y facilite la incorporación de miles de nuevas viviendas protegidas en los próximos años.
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